sábado, 2 de mayo de 2009

El Comercio y la libertad de prensa

Fue con don Ramón Castilla —a la sazón ministro de Hacienda— con el que El Comercio, todavía en pañales, tuvo su primer encontronazo. No hubo una causa política sino más bien económica. Leer lo que bajo el epígrafe de A Última Hora se publicó el 18 de mayo de 1840 es sencillamente delicioso —no lo sería en aquel entonces— para cualquier anecdotario de la prensa nacional:
“El número de hoy sale un poco más tarde que de costumbre por haber sido mandado a Carceletas por el señor Jeneral (sic), Ministro de Hacienda D. Ramón Castilla, uno de los Editores; su delito ha sido el de haber ido a reclamar el pago de los números de este diario que se nos adeudan. Al hacer esta súplica al señor Ministro, contestó su señoría que debían entenderse con el Ministerio de Gobierno [...] Le dijo además que era un grosero insolente y que bajase la voz; y ya con la paciencia gastada le contestó que no la bajaría a menos que Su Señoría lo hiciese pues no le suponía facultades para ultrajar a ningún ciudadano, por su solo capricho. Su Señoría llamó a un ayudante, y lo mandó a Carceletas”.
En ese mismo siglo XIX ocurrieron los incidentes con el presidente José Balta. El primero, en 1869, cuando mandó llamar a Palacio al director Manuel Amunátegui y lo intentó golpear por haber publicado el comunicado de un militar degradado que se quejaba de la conducta del jefe de Estado. Como señala Héctor López Martínez en su obra “Los 150 años de El Comercio”, Amunátegui no dudó en publicarlo “fiel a la tradición de su diario que, desde el principio, había brindado sus columnas a todo aquel que sintiera agraviada su honra por las autoridades”.
Tres años más tarde las cosas se pusieron peores. Ante la perspectiva de que un candidato civil (Manuel Pardo) asumiera la presidencia y “ya en el camino de la ilegalidad y la prepotencia”, Balta ordenó el 7 de junio de 1872 la clausura de El Comercio. Cincuenta días estuvo el Diario fuera de circulación.
Octubre de 1877 fue otro momento complicado. “Hemos sido víctimas de una celada de la policía en nuestra imprenta”, se denunció el 20 de ese mes bajo el epígrafe El Día. Las fuerzas del orden habían requisado un cúmulo de armas que el mismo prefecto de Lima había recomendado adquirir ante el peligro que corrían El Comercio y otros medios por haber emprendido una campaña a favor de la realización de elecciones legislativas.
Un par de años después, la dictadura de Piérola, como todo gobierno de facto, atentó contra la libertad de prensa. A fines de 1879 —cuenta López Martínez— eran detenidos todos los directores de los diarios limeños por un presunto desacato del Estatuto Provisorio, que obligaba a que todas las notas fueran firmadas. Para librarse de un posible censor, el Gobierno resolvió clausurar El Comercio, “por lo que expidió un decreto y envió guardias a la imprenta el 16 de enero de 1880”. El decano volvió a ver la luz el 23 de octubre de 1883.
NUEVO SIGLO, VIEJA AMENAZAUna gran agitación social empezó a cundir en 1919: se sucedían los paros, huelgas y desórdenes callejeros. En tal movido paisaje, Augusto B. Leguía depuso al presidente José Pardo. Se iniciaron también las amenazas contra las libertades públicas.
El 10 de setiembre de ese año el atropello se radicalizó y así informó nuestra portada al día siguiente: “Una poblada ataca e incendia las imprentas de “La Prensa” y El Comercio. La casa del Dr. Antonio Miró Quesada es incendiada y destruida totalmente”. En el texto se lamenta la desidia oficial: “El doctor Luis Miró Quesada formuló su más enérgica protesta por este atentado bochornoso para el Perú que no había sido impedido por las autoridades; y a cuyos autores esperaba que, por honor del país, el jefe del gobierno sabría castigar”.
En marzo de 1921, El Comercio lamentó que el Gobierno, “en su obcecación inexplicable”, hubiera ordenado la clausura de “La Prensa”, con lo que consumaba “uno de los atentados más graves contra la libertad de pensamiento”.
El suceso más luctuoso lo viviría, sin embargo, esta casa editora el 15 de mayo de 1935, fecha en la que el director Antonio Miró Quesada de la Guerra y su esposa, doña María Laos, fueron asesinados. Se dirigían a pie al Club Nacional para almorzar cuando Carlos Steer, un joven militante aprista, les disparó. Don Antonio fue sepultado con honores de ministro de Estado.
Una nueva dictadura, la del general Juan Velasco, volvió a jaquear las libertades. La dación del Estatuto de la Libertad de Prensa motivó este editorial el 1 de enero de 1970: “El decreto-ley no solo recorta y traba en la práctica la libertad de expresión, sino que entra en un campo ajeno a la naturaleza de una ley de imprenta, al establecer disposiciones sobre la organización interna de las organizaciones periodísticas”. Lamentablemente, fue el primer aviso. El 27 de julio de 1974 el régimen se apoderó de seis diarios capitalinos e impuso nuevos directores. Seis años después, El Comercio volvió a sus legítimos dueños.
Las injerencias gubernamentales continuaron durante el fujimorato. “Persiste el control en diversos medios de información capitalinos”, lamentaba una nota del 7 de abril de 1992, dos días después del autogolpe que oscureció su paso por el poder. La defensa de las libertades tiene un precio que El Comercio ha estado, y estará, siempre dispuesto a pagar.

CORTESIAhttp://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/comercio-libertad-prensa/20090502/281105

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